Foto de Manuel Iglesias

A mediados de los años cincuenta, el modelo autárquico impuesto por la Dictadura de Franco tras la guerra civil había llevado a la economía española a una situación sin salida, con un déficit considerable en la balanza de pagos, inflación galopante, y en la que no había divisas para abordar el pago de las importaciones. La reforma de la administración del Estado y el cambio de política económica iban a ser los dos ejes principales de la actuación del grupo de ministros del Opus Dei que llegaron por primera vez al Gobierno de Franco el 25 de febrero de 1957.

Después de la guerra civil, el Opus Dei, instituto secular fundado por José María Escrivá de Balaguer en 1928, reclutó a jóvenes de las nuevas elites en ascenso. Desde 1957, y hasta enero de 1974, esos miembros del Opus Dei ocuparon los principales puestos de la administración del Estado, en la política económica y en los planes de desarrollo. Impulsaron una política agresiva de crecimiento económico sin abandonar nunca el marco de la estructura política autoritaria. Representaban, por supuesto, los intereses del capital y de la racionalización capitalista y como su fuente de legitimidad para controlar el poder eran sus conocimientos económicos y jurídicos, expertos como eran en economía y derecho, han pasado a la historia con el nombre de “tecnócratas”.

La llegada de los tecnócratas al poder era una respuesta pragmática a la bancarrota económica y desgaste del modelo político en el que se encontraba el franquismo, sobre todo porque el constante aumento de las importaciones necesarias para la industrialización no pudo pagarse con las débiles exportaciones y las reservas internacionales se agotaron. Las principales organizaciones económicas internacionales, encabezadas por el Fondo Monetario Internacional (FIM), aconsejaron la puesta en marcha de un plan de estabilización para la economía española. Pese a que Franco desconfiaba de esos consejos y no entendía nada sobre lo que ese plan significaba, lo aceptó finalmente cuando Ullastres y Navarro Rubio le dijeron que España estaba al borde de la quiebra. El 21 de julio de 1959, apareció el Decreto Ley de Nueva Ordenación Económica, conocido como Plan de Estabilización.

Todos los especialistas coinciden en señalar que el Plan de Estabilización fue el principal causante del crecimiento económico que se inició desde mediados de 1960 y se mantuvo hasta la crisis internacional de 1973. Permitió que la economía española se beneficiase del fuerte desarrollo económico que los países occidentales capitalistas habían comenzado a vivir desde comienzos de los años cincuenta. Los elevados costes sociales de esas medidas, especialmente en lo que se refería al descenso de los salarios y al aumento del paro, encontraron una válvula de escape en la emigración a los países europeos que reclamaban entonces mano de obra.

El éxito del plan de estabilización reforzó la posición de los tecnócratas, que pusieron en marcha los planes de desarrollo. En términos absolutos, el avance económico en esos años fue espectacular. Durante los años de posguerra y autarquía, la renta per capita en España había disminuido respecto a los países más ricos de Europa occidental. Entre 1960 y 1973, sin embargo, el crecimiento per capita español fue del siete por ciento anual, muy por encima de las tasas alcanzadas por esos países, lo cual permitió a la economía española reducir las distancias que la separaban de ellos. La renta per capita pasó de trescientos dólares en 1960 a mil dólares una década después.

Como ocurrió en los países más ricos de Europa, el crecimiento económico español se vio impulsado por la mejora en la productividad, con transformaciones estructurales decisivas, y por la acumulación del capital. Una de las razones que explican esa mejora en la productividad fue la gran transferencia de mano de obra desde el sector agrario a la industria y los servicios. Más de cuatro millones y medio de personas, normalmente trabajadores subempleados en la agricultura, cambiaron de residencia en España durante la década de los sesenta, pasando a ocupar la oferta de puestos de trabajo en los sectores económicos en desarrollo. El sector primario, que en 1960 aportaba una cuarta parte del PIB, representaba sólo un diez por ciento en 1975. La población ocupada en actividades de ese sector pasó de más de cuarenta y dos por ciento a menos de veinticuatro. La industria, por el contrario, ocupaba al final de la dictadura al treinta y siete por ciento de la población y los servicios, que aportaban en 1975 la mitad del PIB, se convirtieron en la actividad económica con más trabajadores.

La apertura de la economía española al exterior actuó también como fuente de crecimiento. El aumento de las exportaciones siempre fue menor que el de las importaciones, pero ese desequilibrio pudo financiarse gracias a las remesas enviadas por los emigrantes, a las inversiones extranjeras y a las divisas proporcionadas por el turismo. El flujo migratorio al extranjero, principalmente a Francia, Suiza, Bélgica y Alemania, que llevó entre 1960 y 1975 a tres millones de españoles a residir en esos países por motivos de trabajo, proporcionó una importante fuente de ingresos, más de siete mil millones de dólares durante ese período, con el que se financió más del cincuenta por ciento del déficit comercial. Los españoles se iban a trabajar a otros países y los ciudadanos de esos mismos países venían como turistas a España. El número de turistas extranjeros se multiplicó por ocho entre 1959 y 1973, pasando de poco más de cuatro millones a casi treinta y cinco. Y los ingresos de divisas aumentaron desde 296,5 millones de dólares en 1960 a más de 3.400 millones en 1975, que permitieron financiar más de un tercio del total de las importaciones.

El crecimiento industrial, siguiendo la tendencia marcada desde comienzos del siglo XX, se concentró en el triángulo Barcelona, Vizcaya, Madrid, con importantes consecuencias para la distribución regional de la población: esas áreas industriales y las ciudades del Levante recibieron cientos de miles de emigrantes, mientras que amplias zonas de otras regiones, especialmente de Andalucía, de las dos Castillas y Extremadura, se despoblaron. La población española aumentó diez millones en las cuatro décadas de la dictadura, pasando de veintiséis en 1940 a treinta y seis en 1975, debido sobre todo al descenso brusco de la tasa de mortalidad, pero el fenómeno más relevante fue el trasvase masivo de población del campo a la ciudad, el llamado éxodo rural, que transformó a la sociedad española.

Y es que ese extraordinario crecimiento económico fue acompañado de profundos cambios sociales. La España de los últimos quince años de la dictadura vivió entre la tradición y la modernidad. Hay una España miserable y primitiva, de hambruna y pobreza, que desaparece, aunque no del todo, captada en las imágines de fotógrafos y cineastas y en las narraciones literarias. Y hay otra moderna, que nace, aunque no puede dominar todavía y matar a la vieja. En todo caso, en aquellos años de desarrollo y crecimiento económico, la modernidad nunca pudo tragarse la historia. El mismo año en que se aprobó el plan de estabilización, el gran giro de la política económica del franquismo, fue inaugurado el Valle de los Caídos, el monumento que consagró para siempre, veinte años después del final de la guerra civil, la memoria de los vencedores. Era el pasado violento, que salía una y otra vez a través de los recuerdos, la represión y los lugares de memoria.